Inocencia alegó pareja de imputado que quedó en libertad por caso Torturas en Osorno
En su vivienda se mantienen en arresto total dos de los cuatro formalizados por los vejámenes a un ex trabajador del hospital. La conviviente de uno de ellos señaló que “la verdad saldrá a la luz”.
Con críticas a lo que califica como “divulgación de mentiras” y asegurando que J.A.B.H. -imputado por las torturas a un ex funcionario en el Hospital Base- es inocente y habría entregado los medios de prueba, se refirió al caso la conviviente del acusado, padre de su hija de 3 años, en la audiencia de formalización.
La mujer -quien pidió reserva de su nombre- también reconoció que han sido víctimas de amenazas de muerte tras la difusión de los videos que muestran las torturas sufridas por un ex trabajador del área de Desarrollo de la Unidad de Informática del Hospital de Osorno, ataques que comenzaron a los pocos meses de que la víctima ingresara a ese departamento.
Por esta causa, investigada por el Ministerio Público como tortura, fueron detenidos y formalizados el jefe del área, R.A.R.M. (50), y el subjefe, E.A.G.A. (41), quienes permanecen recluidos en la cárcel de Osorno. En tanto, los funcionarios J.P.A.N.G. (38) y J.A.B.H. (36) quedaron con medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con la víctima y su familia.
En el caso del primero, el tribunal consideró que su participación fue menos grave que la de los imputados en prisión preventiva. En el segundo, se valoró su colaboración en el proceso.
Fue precisamente esta situación la que comentó la pareja de J.A.B.H., una joven profesional que tras escuchar los alegatos de la Fiscalía y de los abogados defensores, Cristian Rozas y Sebastián Contreras, en la sala 1 del Juzgado de Garantía de Osorno, expresó que “nos fue bien, pero no estamos conformes con los medios, porque han mostrado fotos y extractos que no son completos. Ahora, ¿quién limpia la imagen?. Aquí él dijo la verdad y en la audiencia se está demostrando. Doy gracias a todos los que están colaborando, por algo salió a la luz la verdad. Me voy contenta, más tranquila. Su nombre se ensució, pero estoy segura de que en algún momento se limpiará”.
La mujer agregó que “también soy funcionaria pública, trabajo con niños. Afortunadamente no había nadie con TEA, pero créanme que me dolió el corazón cuando mi amado, padre de mi hija de tres años, salió mencionado en esas cosas. Espero que se llegue al fondo de la verdad y que paguen quienes estuvieron involucrados. No todos son iguales, sólo diré eso. Yo hablo por quien conozco, por mi amado y el padre de mi hija”.
Visiblemente afectada, confirmó además que han recibido amenazas de muerte en su domicilio. Esta situación motivó a su pareja a concurrir a la Policía de Investigaciones (PDI) para denunciar los hechos, señalando que, a raíz de los videos difundidos en redes sociales, estaba recibiendo intimidaciones tanto en su casa como en su teléfono celular.
En ese contexto, y en el marco de la indagación de la Fiscalía sobre la filtración de los registros, detectives de la PDI lo mantuvieron en dependencias policiales tras su denuncia. Cinco horas más tarde, le informaron que quedaba detenido por el delito de tortura, en virtud de una orden verbal del juez de Garantía.
La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, no descartó presentar un recurso de apelación contra la medida cautelar decretada por el juez Álex Francke, quien dejó a dos de los cuatro ex funcionarios informáticos del Hospital Base San José con arresto domiciliario total, fundamentando su decisión en el nivel de participación y cooperación con la investigación.
“Nos vamos conformes con las dos personas que quedaron en prisión preventiva, pero respecto de las otras dos vamos a analizar si recurrimos para revertir aquello. Básicamente se les decretó arresto domiciliario total, más arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y su familia. La misma víctima sustrae a uno de los imputados de esta responsabilidad y señala que él lo protegía. En cuanto al otro, declaró y colaboró con la investigación, lo que fue considerado por el juez. Vamos a estudiar si presentamos o no la apelación”, explicó.
Respecto a las fotos y videos de la tortura que la dirección del Hospital Base San José acredita que fueron entregados a la Fiscalía en 2024, la persecutora aclaró que “en 2020 se presentó una denuncia en la que la víctima constató lesiones. Esa denuncia fue contra uno de los imputados formalizados y se resolvió con una suspensión condicional, por lesiones menos graves. Era un hecho totalmente distinto al de ahora. Nosotros jamás tuvimos acceso a estos registros. El video que se menciona corresponde a ese episodio en que la víctima aparece forcejeando con un imputado, pero nunca a los que hoy se han filtrado. La Fiscalía se enteró de estos videos el mismo día en que aparecieron en la prensa, cuando fueron difundidos públicamente. Sólo entonces supimos de su existencia”.
De acuerdo a lo informado por el sitio SoyOsorno.cl
