Minvu admite crisis en viviendas sociales por deuda de US$1.000 millones
La falta de recursos del Ministerio impacta a empresas constructoras, desarrolladoras y proveedores a nivel nacional, generando deudas con dueños de terrenos comprados.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha reconocido a empresas del sector que no cuentan con los fondos suficientes para realizar los pagos a quienes construyen viviendas sociales, lo que ha generado una deuda que la industria estima en más de US$ 1.000 millones.
Esta situación está afectando a inmobiliarias, constructoras y proveedores en todo el país, e incluso incluye pagos pendientes a propietarios de terrenos adquiridos por el ministerio.
De acuerdo a correos internos obtenidos por DF, el Minvu ha informado a las empresas que, aunque hay una ejecución presupuestaria, no hay "disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente" para cubrir los pagos, los cuales podrían no realizarse hasta marzo de 2026, cuando se emita un nuevo decreto de modificación presupuestaria.
Esta confirmación llega después de meses de rumores en el sector, donde varios ejecutivos aseguran que sus empresas enfrentan deudas que superan los US$ 40 millones.
El problema tiene su origen en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), lanzado en 2022 con el objetivo de reducir el déficit habitacional de 640 mil hogares mediante subsidios a proyectos privados. Los principales instrumentos del plan, los decretos DS19 y DS49, permiten a familias acceder a su primera vivienda o ayudan a hogares vulnerables a financiar la compra o construcción de casas.
Sin embargo, los pagos pendientes en ambos sistemas han provocado la paralización de proyectos y retrasos en las entregas, lo que está afectando a familias que ya residen en algunas viviendas construidas.
Para tratar de mitigar esta situación, el Minvu ha implementado un modelo de confirming a través de BancoEstado, que permite adelantar pagos con intereses asumidos por las empresas, aunque esta medida solo se aplica a algunos proyectos. Desde la industria, se califica esta medida como un "parche" insuficiente frente al riesgo de quiebras y reorganizaciones financieras, especialmente para pequeñas y medianas constructoras.
Según el medio citado, el ministerio atribuye esta crisis a gastos mayores a los presupuestados, reactivación de obras y recursos insuficientes.
Fuente: ADN Radio Nacional
