La Contraloría General de la República ha generado preocupación al descubrir un desorden financiero que implica más de US$17.300 millones en ministerios y municipios chilenos en los últimos cinco años. Este hallazgo proviene de la auditoría de los estados financieros de 73 entidades públicas, incluyendo organismos del Gobierno Central y municipalidades, según informa el diario El Mercurio. De acuerdo con el informe, la cantidad corresponde a fondos cuestionados principalmente por falta de opinión favorable, es decir, situaciones en las que la Contraloría no pudo validar la información financiera debido a errores graves, discrepancias contables o ausencia de antecedentes suficientes para su revisión. Dentro del total analizado, 50 entidades pertenecen al Gobierno Central y 23 al ámbito municipal, siendo las principales observaciones relacionadas con aspectos como transferencias, cuentas pendientes por cobrar, bienes no justificados, deudas y gastos sin respaldo contable adecuado. En este sentido, el informe destaca que una de las principales deficiencias es la falta de rendición de cuentas adecuada, con montos importantes que no han sido explicados dentro de los plazos legales, lo que dificulta determinar el destino final de los recursos públicos. La Contraloría también señaló problemas estructurales en el control interno, como registros contables incompletos, conciliaciones bancarias pendientes y uso inapropiado de plataformas financieras, lo que aumenta el riesgo de errores e irregularidades potenciales. En al menos cinco situaciones, la entidad fiscalizadora decidió pasar los antecedentes al Ministerio Público, al identificar circunstancias que podrían tener implicaciones penales, abriendo así la posibilidad de investigaciones judiciales. El informe resalta que estas deficiencias no solo impactan en la transparencia, sino que también socavan la confianza ciudadana en la gestión estatal y complican la toma adecuada de decisiones en políticas públicas. Fuente: ADN Radio Nacional
El proyecto del Gobierno que busca restringir despidos de funcionarios públicos ha generado diversas críticas, siendo calificado como un amarre por parte de la oposición. En relación a esto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó los objetivos del proyecto en una entrevista con ADN Hoy. “Lo que hace la norma es que si tú despides a un trabajador que está contratado en el sector público, tienes que justificarlo. Y el trabajador tiene el derecho a reclamar ese despido en la Contraloría y la Contraloría tendrá que realizar la justificación”, dijo Grau. “La única diferencia que se está haciendo acá es que el trabajador, la trabajadora, va a tener derecho a que la Contraloría revise esto“, agregó el ministro. Además, Grau desestimó las críticas sobre un “amarre”. “Un amarre sería que no pudieras echar a una persona, y que tú hicieras reglas para evitar la posibilidad de que eso ocurra. Eso es un amarre”, sostuvo. “Lo que la norma establece es que para esto tiene que existir un acto fundado, lo que significa que no existan arbitrariedades”, complementó el ministro. Finalmente, Grau señaló: “lo que estamos planteando, que además es más eficiente para el trabajador y para el Estado, es que esto se pueda revisar en la Contraloría, en la medida que el trabajador reclame”. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha anunciado la implementación de fiscalizaciones en diversas áreas clave, como transporte, salud y el cumplimiento de los feriados irrenunciables, con el objetivo de reforzar la seguridad durante las celebraciones de fin de año en el 2025. En una reunión liderada por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, las autoridades han coordinado acciones para llevar a cabo fiscalizaciones a conductores, reforzar la presencia policial en zonas con alta afluencia, fortalecer la atención en centros de salud, planificar las carreteras y prevenir incendios forestales. El subsecretario enfatizó la importancia de la concientización ciudadana en la prevención de accidentes, destacando que más allá de toda la planificación que podamos impulsar desde todas las reparticiones de Gobierno, si no contamos con la concientización de la ciudadanía, no podemos menguar las cifras de siniestralidad. Es importante que el entorno evite el consumo de alcohol en caso de conducir. Debemos proteger a las familias y que estas fiestas nos dejen un buen recuerdo. En relación a la prevención del consumo de alcohol y drogas, el Senda desplegará 104 servicios operativos del Programa Tolerancia Cero en coordinación con Carabineros entre el 23 de diciembre y el 4 de enero del 2026. Por otro lado, Carabineros ha puesto en marcha el Plan Navidad Segura con más de 2 mil funcionarios y 433 servicios policiales enfocados en zonas comerciales y ferias a nivel nacional. Además, se reforzarán los turnos del Programa Denuncia Seguro (*4242) para permitir que las personas alerten anónimamente sobre delitos o actividades irregulares. En cuanto al transporte, se llevarán a cabo 5 mil controles en todo el país entre el 18 y el 31 de diciembre en zonas con alto flujo vehicular. Para el último día del año, se realizarán ajustes en la oferta de micros Red Movilidad y se implementarán medidas especiales cerca de la Torre Entel debido a un evento que espera reunir a cerca de 60 mil personas. Es importante recordar que tanto el jueves 25 de diciembre como el jueves 1 de enero son feriados irrenunciables, exceptuando ciertos sectores como clubes, restaurantes, cines, aeropuertos y farmacias. En materia de salud, se llevarán a cabo campañas de fiscalización de juguetes y se reforzará la vigilancia en piscinas. Además, se aumentará el personal y los recursos en servicios hospitalarios a lo largo del país. Para prevenir incendios forestales durante la temporada calurosa, Conaf contará con brigadas terrestres, aeronaves y brigadistas para actuar rápidamente. Senapred también reforzará sus turnos y monitoreo para evitar situaciones peligrosas. Fuente: CNN Chile País
El Gobierno de Chile anunció este viernes la declaración de Duelo Oficial en la Región Metropolitana tras la muerte de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que perdió la vida mientras combatía un incendio estructural en la comuna de Santiago. Fue durante el jueves 18 de diciembre, cerca de las 17:30 horas, que ocurrió este trágico hecho en la intersección de Avenida España y Domeyko, donde se trabajaba en una tercera alarma de incendio con la participación de al menos 13 compañías. Ahí se produjo un derrumbe estructural —aparentemente en un inmueble tipo cité— que dejó atrapados a tres voluntarios entre los escombros. El hombre de 36 años, quien se desempeñaba como Ayudante Primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad”, fue rescatado en estado crítico y trasladado a la Mutual de Seguridad. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento, convirtiéndose en mártir de la institución. Paul Valenzuela era casado y padre de familia, con ocho años de servicio desde su ingreso en junio de 2017, destacando por su “compromiso, vocación y entrega a la comunidad”. Y ante este trágico deceso, el Ejecutivo informó: “Ante un evento que conmociona tanto a Bomberos como a las chilenas y chilenos, el Gobierno de Chile adhiere al sentimiento de pesar. “Y para honrar el legado de servicio que deja la valiosa labor de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha instruido decretar Duelo Oficial en la Región Metropolitana para este viernes 19 de diciembre“, añadió. Además, desde la administración actual, también señalaron que “expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y a todos los voluntarios y voluntarias de Bomberos de Chile. Reconocemos su invaluable labor al servicio de la comunidad, motivo de profundo orgullo para toda la nación”. Por su parte, el presidente Boric escribió: “En este difícil momento, reitero mis condolencias y cariño a la familia, amigos y compañeros de Paul”. Fuente: ADN Radio Nacional
El jefe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció que se expropiará el terreno donde se encuentra la mega toma de San Antonio, luego de fallos judiciales que ordenaban el desalojo de la propiedad. Esta medida se tomó debido a la gran cantidad de personas que actualmente residen en el lugar. En respuesta a esta situación, Montes declaró en una entrevista con Radio Infinita que los ocupantes se comprometen a contribuir al proyecto habitacional. Según sus palabras: “Ellos aportan al fondo para la urbanización. Ya de hecho tienen (un monto) acumulado y ahora está en proceso de ver cómo se produce la constitución de este Fondo de Urbanización, que tiene que ser posterior al proceso de expropiación”. El ministro también abordó las críticas sobre el origen del dinero para la expropiación, desestimando las acusaciones de utilizar fondos destinados a proyectos no ejecutados. En este sentido, explicó que “siempre el ministerio tiene -en los Serviu- un presupuesto. Ese presupuesto se va ejecutando. A veces se ejecuta parcialmente y a veces totalmente. En el caso de asentamientos precarios, se cambiaron las reglas de juego para hacer los proyectos. Se demoraron meses en poder pasar todo el trámite para poder tener autorización. Por eso, hay varios proyectos que se atrasaron más de lo que debían”. Respecto a las negociaciones con los propietarios del terreno, Montes destacó que se intenta llegar a una expropiación concordada antes de recurrir al mecanismo legal establecido: “Normalmente se busca una expropiación concordada. Porque la expropiación es un mecanismo más rápido para llegar a un resultado. Usted se salta ciertos trámites. Aquí nosotros hablamos antes, le hicimos ver a los dueños, que era posible llegar a una expropiación concordada. No hubo acuerdo, y por lo tanto se usó el mecanismo que la ley establece para poder hacerlo”. Fuente: CNN Chile País
La Contraloría General de la República ha generado preocupación al descubrir un desorden financiero que implica más de US$17.300 millones en ministerios y municipios chilenos en los últimos cinco años. Este hallazgo proviene de la auditoría de los estados financieros de 73 entidades públicas, incluyendo organismos del Gobierno Central y municipalidades, según informa el diario El Mercurio. De acuerdo con el informe, la cantidad corresponde a fondos cuestionados principalmente por falta de opinión favorable, es decir, situaciones en las que la Contraloría no pudo validar la información financiera debido a errores graves, discrepancias contables o ausencia de antecedentes suficientes para su revisión. Dentro del total analizado, 50 entidades pertenecen al Gobierno Central y 23 al ámbito municipal, siendo las principales observaciones relacionadas con aspectos como transferencias, cuentas pendientes por cobrar, bienes no justificados, deudas y gastos sin respaldo contable adecuado. En este sentido, el informe destaca que una de las principales deficiencias es la falta de rendición de cuentas adecuada, con montos importantes que no han sido explicados dentro de los plazos legales, lo que dificulta determinar el destino final de los recursos públicos. La Contraloría también señaló problemas estructurales en el control interno, como registros contables incompletos, conciliaciones bancarias pendientes y uso inapropiado de plataformas financieras, lo que aumenta el riesgo de errores e irregularidades potenciales. En al menos cinco situaciones, la entidad fiscalizadora decidió pasar los antecedentes al Ministerio Público, al identificar circunstancias que podrían tener implicaciones penales, abriendo así la posibilidad de investigaciones judiciales. El informe resalta que estas deficiencias no solo impactan en la transparencia, sino que también socavan la confianza ciudadana en la gestión estatal y complican la toma adecuada de decisiones en políticas públicas. Fuente: ADN Radio Nacional
El proyecto del Gobierno que busca restringir despidos de funcionarios públicos ha generado diversas críticas, siendo calificado como un amarre por parte de la oposición. En relación a esto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó los objetivos del proyecto en una entrevista con ADN Hoy. “Lo que hace la norma es que si tú despides a un trabajador que está contratado en el sector público, tienes que justificarlo. Y el trabajador tiene el derecho a reclamar ese despido en la Contraloría y la Contraloría tendrá que realizar la justificación”, dijo Grau. “La única diferencia que se está haciendo acá es que el trabajador, la trabajadora, va a tener derecho a que la Contraloría revise esto“, agregó el ministro. Además, Grau desestimó las críticas sobre un “amarre”. “Un amarre sería que no pudieras echar a una persona, y que tú hicieras reglas para evitar la posibilidad de que eso ocurra. Eso es un amarre”, sostuvo. “Lo que la norma establece es que para esto tiene que existir un acto fundado, lo que significa que no existan arbitrariedades”, complementó el ministro. Finalmente, Grau señaló: “lo que estamos planteando, que además es más eficiente para el trabajador y para el Estado, es que esto se pueda revisar en la Contraloría, en la medida que el trabajador reclame”. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno ha anunciado la implementación de fiscalizaciones en diversas áreas clave, como transporte, salud y el cumplimiento de los feriados irrenunciables, con el objetivo de reforzar la seguridad durante las celebraciones de fin de año en el 2025. En una reunión liderada por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, las autoridades han coordinado acciones para llevar a cabo fiscalizaciones a conductores, reforzar la presencia policial en zonas con alta afluencia, fortalecer la atención en centros de salud, planificar las carreteras y prevenir incendios forestales. El subsecretario enfatizó la importancia de la concientización ciudadana en la prevención de accidentes, destacando que más allá de toda la planificación que podamos impulsar desde todas las reparticiones de Gobierno, si no contamos con la concientización de la ciudadanía, no podemos menguar las cifras de siniestralidad. Es importante que el entorno evite el consumo de alcohol en caso de conducir. Debemos proteger a las familias y que estas fiestas nos dejen un buen recuerdo. En relación a la prevención del consumo de alcohol y drogas, el Senda desplegará 104 servicios operativos del Programa Tolerancia Cero en coordinación con Carabineros entre el 23 de diciembre y el 4 de enero del 2026. Por otro lado, Carabineros ha puesto en marcha el Plan Navidad Segura con más de 2 mil funcionarios y 433 servicios policiales enfocados en zonas comerciales y ferias a nivel nacional. Además, se reforzarán los turnos del Programa Denuncia Seguro (*4242) para permitir que las personas alerten anónimamente sobre delitos o actividades irregulares. En cuanto al transporte, se llevarán a cabo 5 mil controles en todo el país entre el 18 y el 31 de diciembre en zonas con alto flujo vehicular. Para el último día del año, se realizarán ajustes en la oferta de micros Red Movilidad y se implementarán medidas especiales cerca de la Torre Entel debido a un evento que espera reunir a cerca de 60 mil personas. Es importante recordar que tanto el jueves 25 de diciembre como el jueves 1 de enero son feriados irrenunciables, exceptuando ciertos sectores como clubes, restaurantes, cines, aeropuertos y farmacias. En materia de salud, se llevarán a cabo campañas de fiscalización de juguetes y se reforzará la vigilancia en piscinas. Además, se aumentará el personal y los recursos en servicios hospitalarios a lo largo del país. Para prevenir incendios forestales durante la temporada calurosa, Conaf contará con brigadas terrestres, aeronaves y brigadistas para actuar rápidamente. Senapred también reforzará sus turnos y monitoreo para evitar situaciones peligrosas. Fuente: CNN Chile País
El Gobierno de Chile anunció este viernes la declaración de Duelo Oficial en la Región Metropolitana tras la muerte de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que perdió la vida mientras combatía un incendio estructural en la comuna de Santiago. Fue durante el jueves 18 de diciembre, cerca de las 17:30 horas, que ocurrió este trágico hecho en la intersección de Avenida España y Domeyko, donde se trabajaba en una tercera alarma de incendio con la participación de al menos 13 compañías. Ahí se produjo un derrumbe estructural —aparentemente en un inmueble tipo cité— que dejó atrapados a tres voluntarios entre los escombros. El hombre de 36 años, quien se desempeñaba como Ayudante Primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad”, fue rescatado en estado crítico y trasladado a la Mutual de Seguridad. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento, convirtiéndose en mártir de la institución. Paul Valenzuela era casado y padre de familia, con ocho años de servicio desde su ingreso en junio de 2017, destacando por su “compromiso, vocación y entrega a la comunidad”. Y ante este trágico deceso, el Ejecutivo informó: “Ante un evento que conmociona tanto a Bomberos como a las chilenas y chilenos, el Gobierno de Chile adhiere al sentimiento de pesar. “Y para honrar el legado de servicio que deja la valiosa labor de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha instruido decretar Duelo Oficial en la Región Metropolitana para este viernes 19 de diciembre“, añadió. Además, desde la administración actual, también señalaron que “expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y a todos los voluntarios y voluntarias de Bomberos de Chile. Reconocemos su invaluable labor al servicio de la comunidad, motivo de profundo orgullo para toda la nación”. Por su parte, el presidente Boric escribió: “En este difícil momento, reitero mis condolencias y cariño a la familia, amigos y compañeros de Paul”. Fuente: ADN Radio Nacional
El jefe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció que se expropiará el terreno donde se encuentra la mega toma de San Antonio, luego de fallos judiciales que ordenaban el desalojo de la propiedad. Esta medida se tomó debido a la gran cantidad de personas que actualmente residen en el lugar. En respuesta a esta situación, Montes declaró en una entrevista con Radio Infinita que los ocupantes se comprometen a contribuir al proyecto habitacional. Según sus palabras: “Ellos aportan al fondo para la urbanización. Ya de hecho tienen (un monto) acumulado y ahora está en proceso de ver cómo se produce la constitución de este Fondo de Urbanización, que tiene que ser posterior al proceso de expropiación”. El ministro también abordó las críticas sobre el origen del dinero para la expropiación, desestimando las acusaciones de utilizar fondos destinados a proyectos no ejecutados. En este sentido, explicó que “siempre el ministerio tiene -en los Serviu- un presupuesto. Ese presupuesto se va ejecutando. A veces se ejecuta parcialmente y a veces totalmente. En el caso de asentamientos precarios, se cambiaron las reglas de juego para hacer los proyectos. Se demoraron meses en poder pasar todo el trámite para poder tener autorización. Por eso, hay varios proyectos que se atrasaron más de lo que debían”. Respecto a las negociaciones con los propietarios del terreno, Montes destacó que se intenta llegar a una expropiación concordada antes de recurrir al mecanismo legal establecido: “Normalmente se busca una expropiación concordada. Porque la expropiación es un mecanismo más rápido para llegar a un resultado. Usted se salta ciertos trámites. Aquí nosotros hablamos antes, le hicimos ver a los dueños, que era posible llegar a una expropiación concordada. No hubo acuerdo, y por lo tanto se usó el mecanismo que la ley establece para poder hacerlo”. Fuente: CNN Chile País
