Biministro Mas exige devolución de bonos en Codelco por cifras de producción alteradas y apunta a responsabilidades del directorio
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que la investigación por las irregularidades detectadas en la estatal debe extenderse a todos los niveles de la compañía. El caso ya provocó la salida de ocho ejecutivos y podría generar un impacto contable de hasta US$140 millones.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, exigió la devolución de los bonos pagados en Codelco sobre la base de cifras de producción cuestionadas, en medio de una investigación que busca esclarecer irregularidades en los registros de la principal empresa estatal del cobre.
La controversia surgió luego de que se detectaran inconsistencias que habrían elevado artificialmente los niveles de producción informados por la compañía durante 2024 y 2025, alcanzando preliminarmente las 42.100 toneladas.
El caso, que ya derivó en la desvinculación de ocho altos ejecutivos y profesionales, podría generar un impacto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, según los antecedentes entregados por la estatal.
En una entrevista concedida este lunes a Radio ADN, el secretario de Estado reconoció que los mecanismos de supervisión fueron insuficientes y advirtió que las responsabilidades podrían extenderse más allá de los funcionarios que dejaron sus cargos.
Ministro Mas no descarta responsabilidades del directorio de Codelco
Consultado sobre el alcance de las irregularidades, Daniel Mas sostuvo que las investigaciones deben avanzar hasta determinar la eventual participación de todas las personas involucradas, independientemente de sus cargos dentro de la empresa.
La autoridad recordó que, además de los ocho ejecutivos recientemente desvinculados, otras personas ya habían abandonado la compañía antes de que se conocieran los últimos antecedentes.
En ese contexto, afirmó que el Gobierno solicitó ampliar las indagatorias para identificar posibles responsabilidades tanto en los niveles operativos como en la alta administración.
Al ser consultado directamente sobre el papel del directorio que encabezaba Máximo Pacheco, el ministro rechazó excluir anticipadamente a sus integrantes de la revisión.
"Yo no estoy excluyendo a nadie", expresó, agregando que la investigación debe establecer las responsabilidades que correspondan.
Mas también reconoció que el directorio tiene deberes de supervisión sobre la gestión de la empresa, aunque evitó atribuir responsabilidades individuales antes de conocer los resultados definitivos.
Cifras alteradas podrían representar hasta US$140 millones
Las irregularidades investigadas están relacionadas con diferencias en los registros de producción e inventarios de cobre de Codelco.
Según información preliminar de la compañía, las inconsistencias habrían provocado una sobreestimación de 42.100 toneladas de producción durante los ejercicios 2024 y 2025.
Entre los antecedentes detectados figuran duplicidades en la contabilización de material entre distintas divisiones, lo que habría generado diferencias en los inventarios informados.
La estatal calcula que las irregularidades podrían tener un efecto contable de entre US$120 millones y US$140 millones, monto que todavía está siendo revisado por sus auditores.
El caso involucra antecedentes de divisiones como Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata, además de áreas de la Casa Matriz.
Denuncia anónima permitió detectar fallas en los controles
Uno de los puntos más cuestionados por el ministro fue la incapacidad de los sistemas de supervisión para detectar oportunamente las inconsistencias.
Mas reconoció que tanto los mecanismos internos como los controles externos de la compañía resultaron insuficientes para identificar las irregularidades.
Según explicó, los antecedentes comenzaron a conocerse gracias a una denuncia anónima que permitió activar las investigaciones.
El secretario de Estado advirtió que, sin esa alerta, las diferencias en los registros de producción podrían haber continuado sin ser detectadas.
Ante esta situación, aseguró que el Gobierno buscará fortalecer la fiscalización de las principales empresas públicas, mientras Codelco implementa medidas para mejorar sus procesos de registro, auditoría y control.
Gobierno exige recuperar bonos pagados con cifras cuestionadas
Otro de los aspectos centrales de la investigación corresponde a los incentivos económicos entregados a trabajadores y ejecutivos por el cumplimiento de metas de producción.
El biministro sostuvo que los pagos realizados sobre la base de resultados que posteriormente fueron cuestionados deben ser restituidos.
"Se tienen que devolver los bonos todos, todos", afirmó durante la entrevista.
Sin embargo, la autoridad no precisó qué mecanismos legales o administrativos se utilizarán para exigir la devolución en caso de que existan personas que se nieguen a reintegrar los recursos.
Mas explicó que la administración de Codelco ya mantiene conversaciones con los distintos grupos que recibieron estos incentivos para determinar cómo abordar la situación.
Por ahora, no se ha informado una cifra definitiva sobre el monto total de los bonos involucrados.
Codelco enfrenta revisión de su gestión y cultura interna
Además de las responsabilidades individuales, el ministro planteó que las irregularidades reflejan problemas más profundos en el funcionamiento de la compañía.
A su juicio, la presión por cumplir determinadas metas de producción pudo haber generado incentivos que afectaron la calidad y confiabilidad de la información presentada.
Por ello, sostuvo que la estatal debe avanzar hacia una gestión que priorice la transparencia, la seguridad, la productividad y la rentabilidad.
Codelco, por su parte, mantiene investigaciones internas y auditorías externas para determinar el alcance de las inconsistencias, sus efectos financieros y las eventuales responsabilidades.
El directorio también ha anunciado medidas para fortalecer los sistemas de control y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.
Mientras continúan las indagatorias, el Gobierno insiste en que la investigación no debe limitarse a los ocho ejecutivos desvinculados, sino esclarecer todas las responsabilidades y establecer los mecanismos necesarios para recuperar los recursos que eventualmente fueron pagados de manera indebida.
